El Ejecutivo central tiene previsto reducir del 8% al 5% las vacantes a disposición de los Departamentos y organismos de la Administración General del Estado (AGE) en los tres próximos años, lo que supondrá la desaparición de 10.600 puestos de trabajo. Con esta medida, aprobada en Consejo de Ministros el viernes, se calcula ahorrar 250 millones de euros. La vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló además que el recorte eliminará "desviaciones al alza de las masas salariales de los funcionarios"·.
La iniciativa afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedarán excluidas las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia los centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y los controladores aéreos.
El ahorro de 250 millones de euros se suma a la senda de iniciativas de ajuste aplicadas a los empleados públicos en 2010. La primera se produjo el 30 de marzo. Entonces, el Gobierno decidió recortar en 280 millones de euros el gasto laboral. Para ello, aprobó un real decreto que establecía que sólo uno de cada 10 puestos que quedaran libres se cubriría.
(Fuente: Consumer.es)
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