El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga tiene previsto juzgar a los dos representantes legales de dos empresas y a un aparejador de profesión por la muerte de un empleado que trabajaba en la parcela de este último acusado, ubicada en la localidad malagueña de Benahavís, en la construcción de un muro de contención, según informaron fuentes judiciales.
Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el aparejador promovió las obras en febrero de 2000 y le encomendó la ejecución a una empresa representada por otro de los acusados, quien, a su vez, subcontrató las tareas de encofrado a otra entidad, para lo que firmó un contrato con el tercer procesado.
El accidente se produjo en marzo de ese año cuando el trabajador, peón albañil de la empresa de encofrados, retiraba de la parte alta de la parcela restos de material y los trasladaba a la parte baja. Así, según la acusación, descendía de una zona de fuerte pendiente y se enganchó con las armaduras de unos pilares, cayendo frontalmente y clavándose un hierro, lo que le produjo la muerte.
La Fiscalía sostiene que el lugar por donde descendió el empleado y ocurrió el accidente "carecía de barandilla, lo que dada la elevada pendiente hubiera facilitado la subida y frenado la bajada", al igual que la zapata de hormigón, que tenía la misma inclinación. Además, el lugar donde estaban los pilares "no había sido acotado para evitar que pudieran ser pisados".
El ministerio público considera que el aparejador acusado, debido a sus conocimientos técnicos, decidió realizar las obras "sin designar profesional que dirigiera la ejecución material", tampoco designó coordinador de seguridad "y lejos de vigilar y controlar si la obra contaba con las medidas de protección suficientes permitió que se ejecutasen sin ellas".
En lo que respecta al representante de la primera empresa contratada, el fiscal señala que "toleró la realización de los trabajos de la subcontrata de encofrado sin exigir a los responsables de esa empresa la adaptación de medios de seguridad colectivos" y "permitió que mantuviera el material sobrante en lugares inadecuados del centro de trabajo".
Por último, sobre el empleador del trabajador, el escrito de acusación inicial señala que "ordenó a éste realizar la tarea que llevaba a cabo en el momento del accidente aún a sabiendas de que el traslado del material por las vías de descenso no resultaba seguro". La acusación apunta que hubo más trabajadores "expuestos a sufrir accidentes derivados del inadecuado acondicionamiento del lugar".
El fiscal solicita a para los tres acusados 27 meses de prisión y multa de 5.400 euros por los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, aunque para el aparejador añade la petición de tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y para los otros, durante el tiempo de la condena. Además, pide 134.000 euros de indemnización para los herederos de la víctima.
(Fuente: Yahho)
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