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09/11/2009

El sobrecogedor balance del derrumbe registrado en las obras del túnel andorrano de Dos Valires, con cinco operarios portugueses muertos -uno de ellos, tras soportar horas angustiosas atrapado en el amasijo de hierros- y otros seis heridos de distinta consideración, subraya de la peor manera el drama que comportan los accidentes en el puesto de trabajo. Una tragedia tan cotidiana en la UE que, según cifras oficiales de 2007, se calcula que un trabajador muere cada dos horas por este motivo en los tajos comunitarios. El siniestro en Andorra, tan próximo a nuestro territorio, lleva a recordar también que España sigue figurando a la cabeza de los socios europeos en esta lacra, con más de 1,2 millones de siniestros contabilizados el pasado año; el recorte del 18% registrado de enero a septiembre de 2009 constituye, sin duda, un avance, pero continúa siendo insuficiente ante una accidentalidad tan elevada y gravosa, en términos humanos y también económicos. Y puede serlo aun más en un escenario recesivo como el actual, en el que la preservación del puesto de trabajo y el sostenimiento de la actividad empresarial tienden a priorizarse sobre cualquier otra circunstancia, con la amenaza potencial que eso conllevaría para la garantía de unas adecuadas condiciones de salud y seguridad en el empleo. En este sentido, los poderes públicos, los empresarios y los trabajadores no deberían pasar por alto el informe de la Agencia Europea que advierte del peligro que supondría reducir las medidas de protección o trivializar su importancia; especialmente cuando el 70% de los ciudadanos objeto del estudio atribuye al trabajo perjuicios para su estado de salud y seis de cada diez sostienen que la crisis ha hecho empeorar las circunstancias en que desarrollan su tarea. Las tensiones y zozobras que vienen generando en nuestro país el pronunciado repunte del paro y la incertidumbre económica implican, irremediablemente, un clima laboral más negativo. Ello no justificaría, sin embargo, que ni los empresarios descuiden o eludan su responsabilidad en este ámbito, ni que los trabajadores se muestren indiferentes hacia las condiciones en que llevan a cabo su labor, máxime si ésta se desarrollan en un contexto económico hostil. Pero es justamente este contexto el que obliga también a los poderes concernidos a reforzar las inspecciones y promover el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a prevenir los accidentes en el trabajo.

(Fuente: Diario Sur)

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