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El parlamento catalán tramitará el proyecto de ley para la creación de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo

04/07/2009

El Parlament de Cataluña ha dado hoy luz verde al inicio de la tramitación del proyecto de ley de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo, organismo autónomo que reforzará el control de la seguridad laboral en las empresas.

La nueva Agencia Catalana de la Inspección del Trabajo tendrá un personal de 400 personas, según avanzó en abril la Generalitat, y contará con su propio cuerpo de subinspectores, que servirá para reforzar el control de la seguridad laboral.

Cataluña, pionera

La consellera de Trabajo, Mar Serna, destacó que Cataluña es la primera comunidad autonómica que tendrá plenas competencias en materia de inspección de Trabajo, después de que la Generalitat y el Estado acordaran su traspaso, tal y como recoge el Estatut de Cataluña, aunque dicho traspaso no se ha hecho efectivo todavía. «Conseguimos aumentar el autogobierno de Cataluña y continuamos siendo pioneros en la adquisición de nuevas competencias», afirmó Serna.

Para la consellera, la nueva agencia mejora la protección de los derechos laborales de los trabajadores, evita la competencia desleal en las empresas y contribuye a la mejora del espacio catalán de relaciones laborales y de la competitividad en las empresas, entre otros muchos aspectos. Además, Serna aseguró que la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo dará prioridad a la lucha contra la siniestralidad, la desigualdad y la discriminación en el ámbito laboral.

La diputada de CiU Meritxell Borràs criticó que el traspaso del Estado a la Generalitat aún no se haya concretado, y lamentó que «se engrose» el personal de la Administración pública catalana. El proyecto de ley llegó al Parlament con dos enmiendas a la totalidad presentadas por el grupo parlamentario del PPC y del Grupo Mixto, que fueron rechazadas por los grupos que dan apoyo al Govern y por CiU.

La formación, pendiente

Por otra parte, la Generalitat y los agentes económicos y sociales de Cataluña (las patronales y los sindicatos) han reclamado conjuntamente al Ministerio de Trabajo e Inmigración que reforme la formación continua para adaptar la norma estatal al tejido productivo catalán y así conseguir un modelo más flexible. En el último año, el número de personas que reciben formación en sus empresas ha pasado en Cataluña del 8% al 11%. En una declaración conjunta, también se pide al Ministerio la territorialización total de los fondos destinados a la formación continua.

(Fuente: ABC Barcelona)

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