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La Región recibe un premio por su Programa de formación mínima necesaria en Prevención de Riesgos Laborales

10/04/2014

La Escuela de formación e innovación de la administración pública de la Región de Murcia (EFIAP) de la Consejería de Economía y Hacienda, recibió esta semana, en Málaga, el Premio a las mejores actuaciones en la gestión de la formación para el Empleo de las Administraciones públicas por las referentes a la 'Gestión del programa de formación mínima necesaria en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)'.
MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)
De este modo, el galardón fue recogido por el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, y el director de la Escuela, Francisco Saavedra, en el transcurso de las Jornadas nacionales 'El camino hacia una Administración Innovadora', organizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública y el Ayuntamiento de Málaga.
En este encuentro la Escuela de Formación presentó como iniciativas innovadoras su programa de Estancias Formativas y el itinerario de competencias digitales de los empleados públicos, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Y es que, en éstas participaron un total de 65 instituciones (32 ayuntamientos, 12 diputaciones, seis gobiernos autonómicos y siete departamentos de la Administración General del Estado, entre otras entidades).
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el Programa de formación mínima necesaria en PRL participaron 445 empleados públicos de la Comunidad y fue incluido entre las acciones del Plan de Formación 2013 del personal al servicio de la Administración regional.
Así, este programa fue el resultado del trabajo colaborativo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Coordinador y la antigua Escuela de Administración Pública, ambas unidades dependientes de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
El pasado año se ofertaron inicialmente un total de cinco acciones formativas: tres en la modalidad de teleformación, una en la modalidad semipresencial y otra en la modalidad presencial. En cuanto a las primeras, se programaron siete ediciones, dirigidas a un colectivo de 295 empleados públicos.
El curso semipresencial, por su parte, con tres ediciones, estuvo dirigido a un colectivo de 135 personas y, por último, el curso presencial contó con una edición de 15 personas con riesgos muy importantes.
Los colectivos destinatarios de la convocatoria abarcaron, en el caso del curso de formación básica, todos los grupos profesionales (con 225 plazas), y el resto fueron para personal de Enfermería, auxiliares de Enfermería y técnicos educativos, educadores, fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos y médicos.
Esta formación también ha estado dirigida al personal técnico en Intervención Social de la Consejería de Sanidad y Política Social, y su organismo autónomo (IMAS), además de empleados públicos que desempeñen tareas con riesgos de caída en altura y aquellos que se enfrenten en su trabajo a situaciones de hostilidad.
Por otro lado, el contenido y el diseño de los módulos que componen cada uno de los cursos fueron elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de los cursos 'on line', el material fue transformado mediante la herramienta 'Wimba create', contando para ello con el asesoramiento de la Escuela de Administración Pública. En su diseño final colaboró la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitaria (FFIS).
La Administración regional es la responsable de garantizar que cada empleado reciba una formación en materia preventiva centrada específicamente en el puesto de trabajo y de acuerdo a las funciones que realice en éste.
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
La realización de esta formación por parte del personal designado fue obligatoria. Para ello, los empleados públicos tenían la obligación de realizar la totalidad de los cursos para los que fueron designados y superar las pruebas teóricas y/o prácticas establecidas en cada acción formativa.
Con la puesta en marcha de este Programa específico se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado mediante la Resolución de 19 de julio de 2010, en la que se determinaron las actuaciones específicas derivadas del cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto al deber de la Administración regional de realización de evaluaciones, planificación de actividades preventivas, vigilancia de la salud, información y formación, entre otros.
Tanto en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales como en el artículo 19 de la Ley 31/95 se establece que la Administración regional tiene que garantizar que el personal reciba una formación adecuada teórica y práctica suficiente en materia preventiva en función de los riesgos a los que puedan estar sometidos por razón de su trabajo.
(elEconomista.es)

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