Las administraciones públicas “deben sentirse aludidas” por la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Gobierno del Global Reporting Initiative (GRI) de incluir indicadores de discapacidad para la evaluación de las empresas en sus memorias de sostenibilidad, según afirma el director corporativo de Alianzas, Sinergias y RSC de las empresas de la ONCE y su Fundación, Fernando Riaño, en una entrevista concedida al periódico ‘cermi.es semanal’.
En este sentido, incide en que las administraciones, como parte de la sociedad y como servidores de la sociedad, “deben ser parte de todas las estrategias de responsabilidad corporativa, en general, y de la discapacidad, en particular”, y cuentan con recursos que no tienen un coste económico añadido para fomentarlo.
Para Riaño, “nadie que forma parte de una sociedad debe ser ajeno a las realidades de la sociedad desde el punto de vista del empleo directo e indirecto, favorecer cláusulas sociales y, en definitiva, de revisar su cadena de valor desde la responsabilidad corporativa. Son muchas las cosas que la Administración puede hacer y todavía no ha puesto en marcha”.
En cuanto a la decisión del GRI, que establece que todas las empresas y las organizaciones del mundo que pasen por su filtro van a tener que contar con los derechos de las personas con discapacidad para evaluarse e informar sobre sus avances y actividades -pasando la discapacidad a ser una prioridad-, Riaño asegura que “es una demostración de que lo social también construye Marca España, y de que la discapacidad también construye marca, reputación y valor añadido a una marca, a un concepto, a una imagen y a un país”.
Según explica, esta iniciativa ha sido liderada por España y va a beneficiar a todo el mundo y se trata de un “tema importante” que “debe conocer, saber y participar la Administración Pública”, así como “una gran oportunidad” para que las organizaciones la incorporen “de manera mucho más legítima, rigurosa y estratégica dentro de sus actuaciones”.
El acuerdo del GRI se produce después de una intensa campaña puesta en marcha por el Cermi y la Fundación ONCE, y realizada en el marco del Programa Operativo cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), que logró la adhesión de más de medio millar de firmas y apoyos de entidades nacionales e internacionales.
“Ahora es la gran oportunidad y la gran novedad que tenemos después de esta campaña y de la respuesta del máximo responsable mundial del GRI, Ernst Ligteringen, para que la discapacidad pase a estar reconocida dentro de los estándares de la responsabilidad social, que, al final, son un reflejo de la sociedad”, concluye.
(Fuente: SERVIMEDIA)
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