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Condenados a dos años de prisión dos empresarios como responsables de un accidente laboral en 2005 (Maracena Granada)

09/06/2009

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada ha condenado a dos años de prisión a dos empresarios, socios de la empresa 'Robles y Santiago S.L', como responsables del accidente laboral que costó la vida a un trabajador de 20 años, de nacionalidad boliviana, que se encontraba en situación irregular, trabajando en la construcción del hueco de un ascensor en Maracena (Granada) en febrero de 2005.
Según consta en el fallo, al que tuvo acceso Europa Press, se les considera autores de un delito contra la salud de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente, aunque concurriendo en este último la atenuante de reparación de daño, al haber abonado parte de la indemnización a la familia de la víctima. Asimismo, el juez los inhabilita para el ejercicio de la profesión de constructor durante el tiempo de la condena y les obliga al pago de una multa de 6.000 euros.
Sin embargo, son absueltos el resto de los delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, y encubrimiento los otros cuatro acusados: el arquitecto que redactó el proyecto de la obra, el hermano de uno de los empresarios y obrero, la mujer del mismo empresario, y un obrero más, cuñado de otro de los ahora condenados, que se enfrentaban a una petición fiscal de penas de entre un año y medio y cuatro años de prisión, además de multas de hasta 6.000 euros.
Los dos únicos condenados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a los perjudicados (padre y hermano del fallecido) en la cantidad de 180.000 euros, de las que se deducirán las cantidades consignadas ya satisfechas, teniendo como responsable civil subsidiaria a su propia empresa y como directa y solidaria a la compañía de seguros Mapfre Industrial.
La Fiscalía de Granada solicitaba siete años de prisión para cada uno de los dos empresarios, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. (el arquitecto) pedía cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.
Del delito de encubrimiento consideró presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que supuestamente limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pedía el Ministerio Público un año y medio de cárcel.

VARIOS INTENTOS DE ALCANZAR UN ACUERDO PREVIO
Las defensas de los seis acusados intentaron en varias ocasiones alcanzar un acuerdo con las acusaciones, la particular, que ejerce la familia del fallecido, y las populares, de los sindicatos UGT y CCOO, si bien las conversaciones no fructificaron.
En el juicio, que comenzó el pasado 18 de mayo, los dos socios de la empresa 'Robles y Santiago S.L' reconocieron haber cometido "fallos" pero negaron la comisión de los delitos de los que estaban acusados.
En una sala de vistas abarrotada de familiares y allegados de los seis imputados y del fallecido, en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, el primero en declarar fue M.A.S.M., que se encargaba de las labores comerciales y administrativas de la empresa, con sede en la Plaza de Fontiveros (Granada).
El procesado, que es aparejador, explicó que la empresa contrataba a inmigrantes a los que intentaba con posterioridad regularizar sus papeles. La razón, según señaló, era que en esos años de 'boom' inmobiliario era "dificilísimo" contratar albañiles y los inmigrantes tenían "ganas" y "voluntad".
Aunque a ellos les pagaron la mitad del sueldo que les hubiera correspondido si hubieran estado dados de alta en la Seguridad Social, la intención de la empresa no fue "nunca" la de "beneficiarse" de ellos, ni "explotarlos" laboralmente, según mantuvo. De hecho muchos obtuvieron después sus papeles, según aclaró.
En el caso del accidente enjuiciado, negó haber urdido un plan para ocultar la ausencia de medidas de seguridad en la obra, la construcción del hueco de un ascensor en un edificio de Maracena. Sin embargo, reconoció que la empresa no había delegado en ninguna persona para que coordinara la seguridad en la misma y señaló que "la conciencia que hay ahora de protección en aquellos tiempos no era tanta", por lo que algún operario podía haberse quitado el casco o no hacer uso del arnés preceptivo.
Asimismo, dijo no haber sido consciente en el momento en el que se produjo el accidente de que estaban incumpliendo las normativas al respecto, explicando que en esa época todo lo contrataban de "viva voz", incluido al arquitecto que redactó el proyecto.
Su socio, M.R.L., negó además haber amenazado a los familiares del fallecido, Carlos Óscar Romero, de 20 años, advirtiéndoles de que debían guardar silencio, y aseguró que en la obra, a la que él mismo acudía, sí se utilizaban medidas de seguridad. Él fue además el que montó el andamio desde el que se precipitó el joven obrero, el 14 de febrero de 2005, sin ser consciente sin embargo que ese tipo de estructura no era la adecuada para la altura a la que se estaba trabajando.

(Fuente: Europa Press)

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