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Editorial

El camino para resolver cualquier problema de ingeniería se caracteriza por ser extenso, complejo y participado por multitud de agentes e intereses muchas veces enfrentados. Desde los estudios previos a la entrega de una infraestructura o instalación son muchos los documentos y procesos que tienen lugar y las consecuencias de los errores y/o omisiones son mayores cuanto más avanzado esté el proceso.
Efectivamente, la subsanación de un error durante la fase de redacción de estudios técnicas es relativamente poco costosa si se compara con una reparación o modificación de una línea de producción y montaje cuando esta no se sujeta a las exigencias impuestas por el cliente.
Se hace por tanto imprescindible controlar la calidad de los documentos técnicos, especialmente aquellos que han de definir la construcción y/o instalación de la infraestructura que se pretende poner en servicio.

Existen muchos mecanismos de control de calidad de procesos, sistemas de aseguramiento de la calidad, modelos de excelencia aplicados a estructuras empresariales e incluso premios de reconocido prestigio que, si bien tienen su valor incuestionable, no tienen por qué incidir directamente en la calidad de un determinado proyecto de ingeniería incluido dentro de la organización que los posee.

Un mecanismo cuando menos interesante en tanto que estable relaciones causa-efecto entre la calidad del trabajo realizado y sus consecuencias contractuales es el establecimiento de modelos de contratación en los que se definan perfectamente las responsabilidades de las partes. Esto es, queden perfectamente identificados los riesgos inherentes al proceso, se establezcan mecanismos de minoración de los mismos y en caso de materializarse, quede meridianamente clara su asignación. Para una correcta gestión de riesgos deberán incluirse calidad, plazo y presupuesto como elementos básicos de control de proyectos.

Los modelos de contratación que integran desarrollo de proyecto y obra facilitan en gran medida esta asignación de riesgos ya que concentran en un único interlocutor los posibles errores u omisiones del proyecto y de la ejecución del mismo. En este sentido existe cierta oposición por parte de los proyectistas a los mismos ya que quedan supeditados a los intereses y proceder de terceros. Es por todos conocido que son las interfaces de cualquier proceso las que pueden presentar problemas de continuidad (cambio de proyecto a construcción y cambio de construcción a explotación) y son estos problemas de falta de continuidad los que terminan materializándose en desviaciones de precio, plazo y calidad.

Por otro lado, dependiendo del campo de la ingeniería o de la arquitectura en la que se trabaje, existe cierta tendencia a posponer definiciones de proyecto hasta la fase de ejecución, lo cual lleva consigo riesgos evidentes que pueden ser instrumentalizados por las partes para conseguir mejoras contractuales y el consiguiente perjuicio para el promotor. Es importante recordar que el proyectista es el responsable único, exista supervisión de proyecto o no, de la definición unívoca de las obras e instalaciones que diseña. En este sentido la legislación de contratos públicos habla de posibles reclamaciones al autor del proyecto de hasta el 50% de los perjuicios económicos causados y siempre con el tope de cinco veces el valor por el que se concretó el proyecto.
Por todo ello, se entiende que si se quiere mejorar la calidad de los estudios técnicos y proyectos de ingeniería es imprescindible establecer una correcta gestión de riesgos incluyendo mecanismos reales de identificación, valoración, asignación y control de riesgos posibles a lo largo de todo el proceso. Todo ello, y para que pueda ser efectivo debe ser incorporado a los distintos contratos que establecen las relaciones entre los distintos agentes implicados en el proyecto.


D. Germán Martínez Montes
Director I+D+i
Profesor Titular de Proyecto de Ingeniería
Universidad de Granada

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