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Editorial

En un “ayer” muy cercano, en una etapa de prosperidad - por lo visto fue más aparente que real - se clamaba por reducir los elevados índices de siniestralidad laboral. Para conseguirlo se iban aprobando de normas y más normas reguladoras de las condiciones de trabajo.
Mientras, los legisladores reconocían que los ingentes esfuerzos realizados en todos los órdenes, pero a su vez reconocían que resultaban insuficientes. ¿Dónde podía estar el problema?. Son muchas las opiniones, como lo demuestran los diversos estudios se han realizado y publicado. Lo que pone de manifiesto que no hay razón única sino muchas e interconectadas.

De cualquier forma, hay aspectos a corregir en esa enorme tarea productora de normas. Por ejemplo, el legislador no debe dar la sensación de inseguridad cuando las promulga. Claro ejemplo resulta la Ley de subcontratación en el sector de la construcción. Cualquier lector puede comprobar como en su Exposición de Motivos se plantea que “Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva”. Es difícil poner en cuestión los efectos negativos de una cadena subcontrataciones excesivas. Pero, ¿se puede aprobar una Ley sin la seguridad de su utilidad?. Si así era, sobraba la dudosa palabra “quizá” para exponer los motivos que justificaban el nacimiento de esa ley. Otra cuestión a subsanar es la necesidad de evitar el uso abusivo de conceptos jurídicos indeterminados, que abocan a continuos conflictos que deben resolverse en los tribunales de justicia y que no representan más que una forma más de distraer un tiempo y esfuerzos preciosos para alcanzar los objetivos deseados: reducción de los índices de los siniestros laborales.

En la actualidad, debido a la delicada situación económica por la que atravesamos hace que escuchemos con mucha frecuencia la palabra “recortes”. En contraposición, otros piden que sea sustituida por la de “inversiones”. Una u otra como vías para salir de la delicada situación en que se encuentra nuestra sociedad, así como garantizar un futuro estable.

Los accidentes laborales tienen altos costes: tanto económicos como sociales y morales. Precisamente, ahora que se discuten muchas formas de ahorro de gastos no se escucha que una de ellas sea la derivada de las altas cuantías económicas - tanto directas como indirectas - que se derivan de los siniestros laborales.

Hay diversas teorías sobre la forma de calcular los costes de accidentes, pero aquí y ahora no se trata de eso sino de llamar la atención de un problema del que ahora no se habla. Una cuenta sencilla y clarificadora bastaría: multiplicar los accidentes anuales por veintidós días de baja de media cada uno que viene a representar cada caso. Hágase la prueba y aparecerán altísimas cifras. Luego añádanse otras cuestiones y aflorará una larga lista de incrementos económicos, como son: daños materiales, reducción de rendimientos de los compañeros de los lesionados, sustitución de accidentados, sanciones administrativas, responsabilidades civiles y a veces penales, gastos judiciales, incrementos en cotización a la Seguridad Social, …

Nosotros, desde estas páginas, abogamos por cumplir el espíritu de nuestra Ley “marco”: perseguir el espíritu de una auténtica cultura preventiva. Ahora que estamos en unos bajos niveles de actividad productiva, sería el momento de pensar en rearmarnos en búsqueda de la precisa y verdadera cultura preventiva para evitar el lastre económico (además del social, moral,…). En definitiva advertimos que los desembolsos en materia preventiva son inversiones y no gastos. Por eso abogamos por ¡INVERTIR EN PRL DESDE LA FORMACIÓN¡. Sólo pretendemos aportar nuestro grano de arena en las necesidades de ahorro que tanto se demandan.

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© Cátedra Prevención y Responsabilidad Social corporativa 2011. Actualizada el 03/05/2020
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