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Las víctimas «pasivas» del amianto —familiares de trabajadores y vecinos— celebran la sentencia que les otorga una millonaria indemnización

20/07/2010

Es una alegría relativa la que tiene Mercè Duran, de 60 años. Un juez ha ordenado a una empresa que la indemnice por el mal que le ha hecho, pero ella seguirá enferma, con asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de fibras de asbesto —también conocido como amianto— que le va restando fuelle con los años. El dinero aliviará poco su mal, y en nada la pérdida de casi toda su familia por enfermedades que relaciona con el mismo maldito amianto.
Mercè forma parte de la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola del Vallés y Ripollet que han denunciado a la empresa Uralita —que en su día tuvo su principal sede en terrenos de estas ciudades de la provincia de Barcelona— por los daños sufridos por la inhalación de fibras de amianto, producto Uralita utilizaba en la fabricación de placas y tubos de fibrocemento. Esta asociación, asesorada por abogados de UGT, del Colectivo Ronda y del bufete de Roca i Junyent, mantiene varios frentes contra la empresa. Por un lado, las demandas de afectados que eran o habían sido trabajadores de la fábrica de Cerdanyola. Por el otro, las demandas de los afectados llamados pasivos, los familiares de trabajadores, que al llegar a casa esparcían el amianto que portaban en sus ropas de trabajo, y los vecinos —como nuestar Mercè— que vivían al lado de la inmensa fábrica de Uralita en Cerdanyola, que ocupaba varias manzanas limítrofes con Ripollet y hasta albergaba casa para los trabajadores.
En este último frente, la Asociación ha logrado un triunfo, y de ahí la alegría de Mercè. En sentencia notificada la semana pasada, el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid —ciudad donde la empresa tiene su sede social— obliga a Uralita a abonar un total de 3,9 millones de euros a 45 ciudadanos afectados por amianto o sus herederos —algunos ya murieron en su lucha— de las localidades de Cerdanyola y Ripollet. Entre ellos, Mercè Duran.
Es un fallo pionero en nuestro país, puesto que hasta ahora sólo existían sentencias por demandas presentadas por trabajadores, que se dirimían en juzgados de lo Social. La empresa Uralita ha anunciado que recurrirá la sentencia, por lo que la Audiencia provincial tendrá que pronunciarse al respecto, pero es en sí un triunfo que si se confirma en segunda instancia abrirá la puerta a que muchas personas vecinas de la fábrica de Uralita puedan demandarla. Y no sólo los de Cerdanyla, porque Uralita tiene o tuvo fábricas en otros puntos de España: como Getafe, Valladolid, Sevilla, Alicante...
Por eso el móvil de Leontí Trabalón, marido de Mercè y presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola, no para estos días de sonar. Le llaman de otras asociaciones de afectados del resto de España para felicitarle... y tomar nota de la sentencia.
«Esta sentencia demuestra que la justicia existe», apostilla Mercè. Ella y su circunstancia sirven de resumen para explicar los estragos que causó el aire enfermo, cargado de partículas de amianto, que expelían las turbinas de la fábrica de Uralita en Cerdanyola. O que se depositaba en el subsuelo como residuos que se utilizaban de relleno para asfaltado. Una maldición que sembraba enfermedades como fibrosis pulmonar, asbestosis, tumores en la pleura o cánceres de pulmón a su alrededor. Según la OMS los efectos del polvo de amianto se extienden hasta un radio de 3 kilómetros.
El padre de Mercè, Martí. se llevó a su familia —mujer y tres hijos— de Sabadell a Cerdanyola para trabajar en Uralita. De ellos, hoy sólo sobreviven Mercè y su hermana; las dos, enfermas de asbestosis. Su padre se jubiló en Uralita y murió de asbestosis. Su hermano, trabajó también en la fábrica y les dejó a los 19 años víctima de una leucemia. Su madre, murió de un cáncer de colon que, según apuntan ahoran estudios científicos, podrían guardar relación.
«Mi padre, cuando ya se veía morir, nos pidió perdón por haber ido a trabajar a Uralita con la familia. Se sentía culpable por las enfermedades de su mujer y sus hijos», explica Mercè. Además, añade, el médico privado de la fábrica que te reconocía era el mismo que trabajaba para la Seguridad Social. Así, nadie enfermaba por culpa de la fábrica.

Defensa de Uralita

En su defensa, Uralita alega que siempre cumplió la legislación vigente en cuanto al amianto, que en España se prohibió en 2001. Con todo, el juez estima que los efectos nocivos de este material ya se fueron conociendo a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte y que la firma incurrió en un «punto de imprudencia» que «no puede eximirla», aunque «se hubiese ajustado en todo caso a la normativa vigente».


(Fuente: ABC )

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