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Fingir bajas para evitar el despido

Son de los pocos que han visto aumentar su negocio con la crisis. Los abogados laboralistas malagueños están saturados. Su carga de trabajo se ha duplicado en sólo un año, según indica la coordinadora de la sección laboral en el Colegio de Abogados de Málaga, Elena Ramírez. Y este incremento también se traduce en los juzgados. Tal y como publicó este periódico, los tribunales de lo social acumulan un importante retraso debido al crecimiento de las demandas. El tiempo de espera para una sentencia ha pasado de ser de tres meses a doce.
Los despidos protagonizan casi todos los casos pendientes. La mayoría son rescisiones de contrato objetivas, que se producen cuando la empresa prescinde de algunos de sus trabajadores -que tiene que ser un número inferior al previsto en el despido colectivo- porque acredita un mal balance en las cuentas.
Pero como en todo, la situación económica también ha incrementado la picaresca. Por un lado, muchas empresas aprovechan la crisis para hacer una reestructuración de sus plantillas a bajo coste. Aunque también los trabajadores conocen la trampa. Los abogados consultados advierten del incremento de empleados con contratos temporales que se dan de baja cuando sus acuerdos laborales están a punto de expirar para cobrar a cuenta de la Seguridad Social y retrasar el máximo posible pasar a engrosar las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cobrar la prestación por desempleo.
Así lo indica el letrado Salvador Ruiz, quien añade que hace un año la mayoría de demandas se realizaban por impagos de salarios, por contratos fraudulentos o despidos disciplinarios pero que los despidos objetivos han inclinado la balanza desde hace seis meses. El abogado laboralista Diego Ortega, por su parte, señala que los despidos han crecido hasta un 40%, aunque señala que muchas rescisiones de contrato no llegan a juicio porque se alcanza a un acuerdo entre la empresa y el trabajador en los actos de conciliación.
Nuevo panorama
Para Elena Ramírez, lo más destacable es que la crisis ha destapado nuevos conflictos entre la empresa y trabajadores. «Ahora, la empresa se acoge al absentismo para pedir el despido objetivo, es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado frente a los 45 días del despido improcedente, y esto era algo que no se había visto antes aunque la ley lo permitía», señala. También, explica, se dan casos en los que la empresa obliga al empleado a la reducción de jornada y, por lo tanto, de sueldo, algo que no se puede imponer si no es con su consentimiento.
«La inspección de trabajo está mirando con lupa estos casos e incluso actúa de oficio, porque se producen fraudes como cuando la empresa pacta con el trabajador el despido por un año para que cobre el paro y a los doce meses le promete su reincorporación si la situación económica ha mejorado», dice Ramírez. Pese a todo, el aumento de la litigiosidad no ha incrementado la virulencia de los casos. Por lo general, el trabajador es consciente de la mala situación de la empresa y prefiere pactar antes que arriesgarse a que la empresa quiebre y no puedan pagarle nada, concluye.

(Fuente: Diarios Sur)

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