El CGPJ regulará la carga de trabajo de los jueces como factor de riesgo laboral
26/01/2015El Consejo General del Poder Judicial regulará la carga de trabajo de los jueces a los efectos de proteger su salud laboral. Así se establece en el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales, una iniciativa no abordada hasta ahora y con la que se pretende garantizar una «protección eficaz» de los miembros de la carrera judicial en materia de seguridad y salud.
De acuerdo con el documento, el excesivo volumen de asuntos que pesa sobre un importante número de órganos judiciales es una realidad que es preciso abordar desde el punto de vista de la salud del juez. El plan prevé establecer unos módulos de trabajo cuya superación podrá entenderse como un factor de riesgo laboral.
Ello permitirá cuantificar e identificar a los jueces y magistrados que trabajan en condiciones de riesgo profesional «y anticiparnos a adoptar medidas allí donde se requiera para evitar situaciones que pongan en peligro su salud», afirma el vocal Juan Martínez Moya, impulsor del plan.
El documento ha sido elaborado por la comisión de seguridad y salud, de la que forman parte Martínez Moya y la también vocal Concepción Sáez, así como representantes de las cuatro asociaciones judiciales. Será estudiado el próximo martes por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces antes de someterlo a la aprobación de la comisión mixta Ministerio de Justicia-CGPJ. La pretensión es que tenga un alcance bianual y se empiece a implementar este mismo año.
«Por primera vez codificamos, organizamos y vertebramos unos protocolos de actuación» en materia de salud laboral, destaca Martínez Moya. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se remonta a 1995, pero hasta ahora no se había desarrollado un plan específico para la Judicatura.
La comisión empezó a trabajar hace 11 meses, por lo que el vocal desvincula esta iniciativa de la demanda de conflicto colectivo que Jueces para la Democracia interpuso contra el Ministerio de Justicia y contra el propio CGPJ por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de un plan de prevención de riesgos en los juzgados. La vista de la demanda en la Audiencia Nacional está señalada para el próximo 3 de febrero.
Relación de riesgos profesionales específicos
El plan incluye una relación de riesgos profesionales específicos de la carrera judicial, un colectivo con características laborales peculiares. Entre ellas, en el documento se señala que:
- El trabajo judicial no está sometido a un horario determinado. De hecho, los jueces prolongan frecuentemente su jornada laboral en casa, incluidos domingos y festivos.
- El número de asuntos repartidos a cada juzgado o tribunal es una cantidad variable por no estar sujeta a limitación en la entrada.
- Deben de celebrar juicios y vistas de duración indeterminada y dictar las resoluciones correspondientes dentro de unos plazos marcados en las normas procesales.
- Realizan guardias de disponibilidad o permanencia en períodos que van de las 24 horas a los 8 ó 12 días ininterrumpidos.
El documento prevé la realización de análisis de riesgo derivados, entre otros parámetros, del destino concreto que se esté ocupando, los factores ergonómicos o las condiciones psicosociales. Entre los riesgos psicosociales que pueden afectar a los miembros de la Judicatura se especifican el estrés, el acoso y el síndrome del quemado (un trastorno emocional relacionado con situaciones de tensión y agotamiento crónicos en el trabajo).
El plan señala que se establecerán «controles periódicos de las condiciones de trabajo y actividad desarrollada, si el resultado de la evaluación lo hiciera necesario para detectar situaciones potencialmente peligrosas».
Respecto a la salud profesional, el documento indica que se llevarán a cabo con carácter anual exámenes médicos a quienes integran la carrera judicial, tanto físicos como psicológicos. Serán confidenciales y de carácter voluntario.
Un aspecto delicado es la respuesta del CGPJ ante los diagnósticos médicos que aconsejen cambios de puesto de trabajo para superar situaciones de incapacidad parcial para el ejercicio de la función jurisdiccional. Dada la afectación que ello puede tener en la garantía constitucional de inamovilidad del juez, el documento apunta hacia la necesidad de una reforma legislativa, señalando que el CGPJ «promoverá medidas tendentes a la regulación de las situaciones de incapacidad permanente parcial en la carrera judicial».
(FUENTE: EL MUNDO)
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