16/10/2014
La Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha negado hoy que acosara a un ex profesor de Derecho, como él ha denunciado, y ha sostenido que sus sucesivas bajas las cogió justo después de resoluciones de los órganos de gobierno en contra de sus intereses laborales.
El Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria ha celebrado hoy el juicio contra la UPV y su rector, Iñaki Goirizelaia, por una denuncia de José Ángel Ruiz, doctor y profesor de Derecho entre 2002 y 2012, que acusó a la Universidad pública vasca de incumplimiento de la normativa de riesgos laborales y de acoso laboral.
El ex profesor, que se ha representado a sí mismo en la vista oral, ha solicitado una indemnización de medio millón de euros, mientras que la UPV ha pedido que se desestime el caso porque entiende que en el fondo el demandante lo que pretendía era estabilizar su puesto de trabajo interino sin concurso público.
Ruiz ha explicado en el juicio que la UPV ha estado "ocultando" la plaza que ocupaba realmente y ha sostenido que en la Universidad hay unos "grupos de poder endogámicos" que hacen que quien no pertenezca a ellos esté abocado a su "autoeliminación" o a ser eliminado.
El ex profesor, que se ha representado a sí mismo, solicita una indemnización de medio millón de euros
Ha sostenido que fue acosado porque existió un "plan" para que en lugar de poder promocionarse profesionalmente fuese "continuamente discriminado" y ha argumentado que el acoso más sutil que existe es el que da "apariencia de legalidad" a cada hecho determinado.
Durante los diez años de trabajo sufrió tres bajas, dos de ellas por "trastorno adaptativo con ansiedad-mobbing" y una tercera por ingreso en la UCI con un "síndrome coronario agudo", sin que, según dice, la Universidad adoptara medida alguna, ni resolviera su queja de acoso ante el Servicio de Prevención de Riesgos de la UPV.
Este servicio se limitó a recomendar que, en el caso de sacar a concurso la plaza que ocupaba interinamente, ninguna persona incluida en la queja integrara el tribunal.
Sin embargo, Ruiz ha sostenido que el principal instigador del acoso y director de tesis de otro candidato al puesto se autodesignó secretario del tribunal y nombró a los demás miembros.
Además, ha argumentado que sus solicitudes de ampliación de jornada siempre se denegaban y que el acuerdo para estabilizar a más de 350 profesores recogía unos requisitos para, básicamente, impedir que él pudiera beneficiarse de la medida.
El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha señalado en el juicio que él y su equipo "siempre cumplen la legalidad" y, ante las repetidas preguntas de la acusación, ha respondido que personalmente no conoce el caso de este profesor en profundidad.
El abogado que ha defendido al rector y a la Universidad ha argumentado que en ningún caso hubo acoso ni incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales y que las bajas que tuvo que coger el demandante eran fruto de una relación "causa-efecto" con las distintas resoluciones administrativas relativas a sus condiciones laborales.
El abogado ha insistido en que ninguna de las tres bajas fueron consideradas como enfermedades laborales, sino comunes, y que en ocasiones mientras estaba en incapacidad temporal acudía a las reuniones del consejo de su departamento universitario, algo que podría "acrecentar sus padecimientos", cuando estar de baja fue el argumento para no concurrir al concurso definitivo para cubrir el puesto de trabajo.
Además, ha pedido el desistimiento de la denuncia al entender que si ésta es por un supuesto caso de acoso, la acusación debería haber ido también contra las personas concretas que lo efectuaron, algo que no ha sido así.
Este doctor en Derecho mantiene vivos contra la UPV tres contenciosos administrativos, otros tres procedimientos laborales y dos penales por supuestas irregularidades en la liquidación de su relación con la Universidad.
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