24/05/2013
Todos los grupos parlamentarios han suscrito en el pleno de la Cámara Baja una batería de medidas en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evitar casos como el de la empresa textil de Bangladesh donde cientos de trabajadores han fallecido al derrumbarse el edificio donde se encontraban. Se trata de un caso en el que están involucradas empresas españolas.
Se trata de una proposición no de ley aprobada instancias del PSOE en la que exigen al Ejecutivo que traslade y proponga al Consejo Estatal de la RSE, la incorporación a sus trabajos del Informe del Representante Especial del Secretario General para las cuestiones de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas (John Ruggie), para su análisis y estudio en el seno del Consejo por parte de los agentes económicos y sociales que lo integran, con el fin de emitir un informe respecto a las medidas que pudieran ser adoptadas.
Asimismo, pide al Gobierno que incorpore la doctrina de Naciones Unidas sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el II Plan de Derechos Humanos que está elaborando, además de que contemple en el marco de las directrices que deben regir la futura Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, además de las orientaciones y mecanismos para la Coherencia de Políticas, la inclusión de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Es más, quiere que se realicen las acciones oportunas con el objeto de propiciar e incentivar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo, dentro de los Planes de Fomento de la Marca España.
También desea que se analice la manera de vincular el cumplimiento de las empresas en materia de Derechos Humanos a la recepción de apoyo oficial del Estado, fomentando la elaboración por parte de las mismas de Planes Específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de Derechos Humanos y promoviendo la transparencia y la información sobre su cumplimiento.
La elaboración de un informe jurídico sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales o no judiciales en cumplimiento de los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos, que garanticen la reparación ante las violaciones de Derechos Humanos es otro de los puntos del acuerdo, al que se suma un informe sobre las iniciativas adoptadas en el conjunto de las administraciones públicas para la aplicación en España de los principios rectores sobre Derechos Humanos y Empresa, que se presentará a la Comisión Constitucional del Congreso.
El acuerdo parlamentario busca a su vez que se informe a las Comisiones Parlamentarias competentes del Estado del procedimiento de elaboración del I Plan de Implementación en España de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y establecer mecanismos de evaluación y de coherencia entre este Plan con el II Plan de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).
Finalmente reclama al Gobierno el apoyo a la aprobación de la Directiva del Consejo relativa a transparencia sobre información no financiera, que modifica las Directivas 78/660/CEE, dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las cuentas anuales de ciertas formas de sociedades y la Directiva 83/349/CEE, relativa a las cuentas consolidadas.
PARA QUE NO SUCEDA LO MISMO QUE EN BANGLADESH
El promotor de la iniciativa, el socialista Ramón Jáuregui, que lideró este tipo de iniciativas en la anterior legislatura como ministro de la Presidencia, ha celebrado este acuerdo de los grupos parlamentarios para evitar casos como el ocurrido en Bangladesh, donde murieron cientos de personas trabajando en una empresa textil en malas condiciones, que se derrumbó.
En este sentido, ha subrayado que hay dos compañías españolas implicadas en esta catástrofe y que deben asumir su compromiso al negociar las indemnizaciones a las familias.
Al mismo tiempo, ha resaltado que esta iniciativa pretende establecer un sistema que evite que las empresas cuando operan en el exterior no lo hagan en condiciones laborales como las que "desgraciadamente" se dieron en Bangladesh y respeten los derechos humanos.
"No es un acuerdo perfecto. Lo importante es que esta Cámara haya alcanzado este acuerdo necesario para que lo de Bangladesh no ocurra nunca más porque está en nuestra mano", ha sentenciado, a la vez que se ha referido a que Naciones Unidas ha puesto en marcha un nuevo instrumento jurídico internacional, que desarrolló el jurista Ruggie, y que ha dado nombre a esos principios.
"La proposición quiere que España traslade la doctrina y los principios del informe Ruggie que han de regir la práctica de las empresas en materia de derechos humanos en los planes que está elaborando el Gobierno", ha defendido igualmente.
La 'popular' Carmen Álvarez Arenas ha señalado que es muy importante esta iniciativa porque el Gobierno actúa en impulsar el II Plan de DDHH, un Plan Nacional de DDHH y empresas y un Plan Nacional de RSC. "Además esta iniciativa recoge aspectos muy importantes como incorporar aspectos a la futura Ley Exterior y a la marca España, además de que la Ley de transparencia beneficiará todo la RSC de la administración pública", ha agregado.
CAMINO POR RECORRER
Carles Campuzano, de CiU, respalda la proposición no de ley porque cree que la responsabilidad social de las empresas no está aislada sino que forma parte de un debate reiterado en la Cámara Baja y casos como el de Bangladesh cree que ponen de manifiesto que existe un "enorme trecho por recorrer de lo que se predica en la RSC a lo que finalmente se lleva a cabo".
Emilio Olabarria, del PNV, va a respaldarla porque está vinculada a los DDHH y al interés empresarial de multinacionales, eso sí, ha invocado a los consumidores españoles a atender de donde proceden los productos que compran porque hay empresas españolas que trabajan como las del suceso de Bangladesh.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), la ecosocialista Laia Ortiz, ha lamentado que esta iniciativa se haga como reacción a la catástrofe de Bangladesh, tras décadas de empresas que explotan a sus trabajadores de forma invisible. Así, opina que las empresas españolas tienen mucho que hacer en RSC y por ella cita al Observatorio de la RSC que resalta que el 94 por ciento de las empresas del IBEX tienen sede en paraísos fiscales. "¿Qué responsabilidad es esa?", se ha preguntado.
Toni Cantó, de UPyD, aunque va a votar a favor de la iniciativa, cree que es necesario llevar a cabo un plan nacional de RSC porque en la actualidad se desconocen las condiciones en las que trabajan muchas empresas para los productos que se consumen en España. Igualmente apuesta por fidelizar a los consumidores en aquellas empresas que sean socialmente responsables.
Desde ERC, Teresa Jordà considera oportuna esta iniciativa porque cree que los gobiernos deben tomar medidas para que las empresas cumplan con los derechos humanos. "Existe la necesidad de mejorar la RSC de todas las empresas porque gracias a la crisis y a una legislación menos exigente miran más sus resultados y dejan de lado a sus trabajadores", según ha advertido.
Ana Oramas, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, apoya la iniciativa por catástrofes como la de Bangladesh que ha favorecido la muerte de miles de personas en una empresa subcontratada por una multinacional.
(Fuente: informativostelecinco.es)
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