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Acusan a tres responsables de una obra tras el accidente de un obrero

13/06/2011

La Fiscalía de Málaga ha acusado a los tres responsables de una obra en Algarrobo en relación con el accidente laboral que sufrió un trabajador que quedó atrapado por un árbol mientras hacía una zanja para instalar la acometida eléctrica. Solicita un año y nueve meses de prisión y multa de 10.800 euros para cada uno.
Las obras se desarrollaron en septiembre de 2006. Para instalar la canalización del suministro de baja tensión de las viviendas de una urbanización, que construía una empresa, se debía hacer una zanja y primero se picó a mano y luego con una máquina excavadora, según el ministerio público.
El fiscal acusa, en sus conclusiones provisionales, al administrador de la empresa subcontratada para realizar estos trabajos de instalación y al jefe de obra de la constructora principal, porque "no realizaron actuaciones para examinar la consistencia del terreno y la configuración de los aledaños".
La acusación sostiene que ambos "no previeron las consecuencias que la vibración de la máquina y el movimiento de la tierra provocarían en un árbol, carente de raíces", que estaba contiguo al lugar en el que se debía realizar la zanja, "ni gestionaron la tala del mismo ni lo apuntalaron". Tampoco establecieron el vallado.
El tercer acusado ejercía de encargado de obra en la empresa principal y, según el escrito inicial, tenía que estar en el lugar. Aunque era "conocedor de la cercanía del árbol a la zanja, no adoptó ni exigió a la empresa subcontratada la adopción de medida tendentes a dotar una mayor sujeción para evitar la caída", se apunta.
Así, cuando uno de los trabajadores estaba en el interior de la zanja, limpiando el fondo, el árbol se desplomó "aprisionándolo contra una arqueta" y ocasionándole varias fracturas, que le provocaron secuelas que lo incapacitan de forma permanente para su trabajo en la construcción, según explica la acusación.
Para la Fiscalía, se trata de un delito de lesiones imprudentes, por el que solicita una pena de un año de prisión para cada acusado; y otro contra los derechos de los trabajadores, por el que pide nueve meses de cárcel, multa y la inhabilitación de los procesados para seguir desarrollando las labores que realizaban.
Además, como indemnización, el ministerio fiscal solicita el pago de 10.000 euros en concepto de los días de hospitalización, los que estuvo incapacitado y las secuelas; así como otros 20.141 euros por la incapacidad permanente total para realizar su trabajo habitual en el sector de la construcción.


(Fuente: SUR)

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