La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis personas en relación con el accidente laboral que sufrió en abril de 2004 un trabajador, quien falleció tras quedar sepultado en una zanja en la que trabajaba junto a otros operarios. El fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de 30 meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y una multa de 8.100 euros e inhabilitación por otro contra los derechos de los trabajadores.
Así, el ministerio público acusa a la administradora de la empresa contratada para la ejecución material de los trabajos, a un ingeniero de caminos que elaboró el proyecto de obra, al arquitecto técnico que asumió la dirección y coordinación de seguridad y salud, al técnico en prevención de riesgos laborales que elaboró el plan de seguridad, así como al jefe y al encargado de los trabajos.
Los hechos ocurrieron el 12 de abril en las obras de urbanización de una zona de la localidad malagueña de Torrox, conocida como el 'Peñoncillo'. El trabajador estaba dentro de una zanja nivelando el terreno cuando se produjo un ahuecamiento de un lateral del talud vertical con desprendimiento de rocas y grandes piedras que, primero le golpearon fuertemente en la cabeza y luego lo dejaron sepultado, falleciendo inmediatamente.
En los días previos, que fue fiesta, se habían producido lluvias importantes en la zona, pese a lo cual se reanudaron los trabajos, de forma que el jefe y el encargado de las obras, ambos acusados por el ministerio fiscal en este procedimiento, "permitieron" que los operarios realizaran sus tareas en la zanja abierta en una zona que "no habían revisado" tras las precipitaciones caídas.
Además, el escrito provisional de la acusación señala que pese a que el estudio de seguridad preveía taludes adecuados a las características del terreno o la entibación de las zanjas de profundidad, el técnico en prevención al que se encargó el plan de seguridad, acusado también, "descuidó el cumplimiento cuidadoso de las obligaciones" y aunque se contemplaban los riesgos por desplome "no incluyó acciones concretas que debían realizarse".
La Fiscalía estima que la administradora de la empresa contratada para estas actuaciones "permitió" que el operario que falleció, que llevaba poco tiempo trabajando para la constructora, realizara los trabajos aunque "no había recibido formación sobre riesgos en su puesto de trabajo". Además, presuntamente "no revisó el plan de seguridad", por lo que "no propuso ni exigió al autor del mismo las modificaciones oportunas".
Asimismo, según las conclusiones iniciales de la acusación pública, ésta "consintió" que tanto el trabajador como su hermano "realizaran sus tareas aún no hallándose la excavación debidamente protegida por no haberse adoptado las medidas contempladas en el estudio de seguridad"; además de que "no exigió" a las personas designadas para la vigilancia el control de las obras que "lo hicieran de forma rigurosa".
El fiscal considera que el ingeniero de caminos al que se encomendó la elaboración del proyecto de obras "no dio instrucciones concretas y precisas" para adoptar las medidas "y tampoco realizó acto alguno dirigido a evitar la continuación de los trabajos" en esas condiciones. Asimismo, indica que el coordinador de seguridad que aprobó el plan permitió "que los trabajos avanzaran de forma insegura".
(Fuente: Europa Press)
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