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Editorial

Las políticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que se llevan a cabo actualmente en las organizaciones deben contemplar la presencia del colectivo de personas con discapacidad o con cualquier tipo de necesidad en todos los niveles jerárquicos y ámbitos de actuación de las mismas, tal y como se establece en la normativa vigente. Esta política podría pasar a denominarse Responsabilidad Social Corporativa con las Personas con Discapacidad (RSC-D).

El trabajo es un derecho y deber de todas las personas, por lo que debe estar al alcance de cualquiera y poniendo además a su disposición los medios, servicios o herramientas necesarios para su correcto desempeño, por lo que la implicación de la organización debe verse como una apuesta más que como una obligación o exigencia normativa.

En la gran mayoría de los casos, la postura de la organización viene determinada por la implicación y con- cienciación que tienen los responsables de las mismas, pero aún se siguen notando muchas carencias, ya que no se contempla que la aplicación de estas disciplinas desde un punto de vista inclusivo acabe beneficiando a todos los trabajadores, clientes, proveedores, etc. Uno de los problemas que derivan de la falta de concienciación es la baja cualificación profesional en estas disciplinas inclusivas, ya que es escasa la formación especializada que se imparte. Así lo manifiestan los propios trabajadores con discapacidad en una encuesta realizada durante el año 2016 en la que el 72,6 % considera que las organizaciones no están concienciadas en materia de contra- tación de personas con discapacidad y no cumplen con la normativa vigente, el 90,7% cree necesaria una mayor implicación en materia de prevención para las personas con discapacidad por parte de los empresarios y el 75,8% afirma que no le han realizado ningún tipo de encuesta, auditorias o seguimiento donde su organización se plantee la posibilidad de mejorar la prevención de riesgos en el entorno.

En muchos casos, las organizaciones llevan a cabo políticas de inclusión como estrategia de marketing y mejora de la imagen, pero no suelen ponerlas en práctica. La accesibilidad es calidad de vida, y está totalmente vinculada a la salud y a la seguridad.

Por tanto, abordar la inclusión del colectivo en todos los procesos y procedimientos que lleva a cabo la organización es de vital importancia para que se consiga una buena política responsable con la discapacidad en cualquier área y especialmente en la de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, además de trabajar de forma correcta y eficaz la inclusión socio-laboral del colectivo, debe implantarse la accesibilidad universal en todos los entornos, productos o servicios, como lo son: la adaptación de los procesos de selección de personal, la adaptación del puesto de trabajo, mejora de la accesibilidad en las instalaciones, formación adaptada a las ne- cesidades del trabajador, etc.

Además, surge la necesidad de gestionar todas estas disciplinas a través de la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Inclusivo (SGPRLI) donde se haga un estudio específico de riesgos en función del tipo de discapacidad.


Antonio Espínola Jiménez
Doctorando en la Universidad de Granada. Arquitecto Técnico, Experto en
Accesibilidad y TSPRL de La Ciudad Accesible.

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© Cátedra Prevención y Responsabilidad Social corporativa 2011. Actualizada el 23/07/2017
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